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Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/11/2018

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la violencia contra las periodistas en México aumentó 222 por ciento en comparación con la administración de Felipe Calderón Hinojosa pero además el país atravesó un clima de  violencia que se caracterizó por la impunidad e inoperancia de las instituciones encargadas de garantizar la libertad de expresión.

Esto es uno de los diagnósticos del informe “Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-20187”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el cual se presentó este 14 de noviembre en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México.

Desde la toma de posesión de Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012, hasta el 1 de septiembre del 2018, CIMAC documentó 422 casos de agresiones contra mujeres periodistas. Once periodistas fueron asesinadas durante el sexenio pero sólo en 6 casos se comprobó que el crimen estuvo ligado a la libertad de expresión entre ellos el de Miroslava Breach Valducea, de Chihuahua, en 2017 y Anabel Flores Salazar, de Veracruz, en 2016.

En ese recuento se sabe que en 2014 la periodista María del Rosario Fuentes Rubio de Tamaulipas, fue desaparecida pero no se ha confirmado si fue asesinada.

Durante la presentación las periodistas Cynthia Valdez García, de Sinaloa, Rosa María Rodríguez Quintanilla, de Tamaulipas, y  Adela Navarro Bello, de Baja California, exigieron garantías para ejercer el periodismo y narraron cómo enfrenta las constantes amenazas que viven por ejercer su trabajo. En el caso de las dos primeras, además contaron qué significa el desplazamiento forzado.

La co-directora general del semanario Zeta, Adela Navarro Bello contó las razones qué le hace seguir haciendo periodismo pese a las amenazas del crimen organizado y de las autoridades y qué estrategias toman ante este panorama: “Hemos construido una red de protección. Cuando somos amenazados, sacamos un comunicado a nuestros lectores y lectoras, para que haya ojos, personas que nos están viendo. En segundo lugar, hacemos una carta a organizaciones como CIMAC, Reporteros Sin Fronteras, y ellos hacen un llamado al gobierno”.

Entre las estrategias de autoprotección, expuso, las notas de investigación no se publican con el nombre de la autora o del autor. Las y los integrantes del equipo han aprendido a vivir con medidas de protección, incluso con escoltas. “He perdido mucha vida pública”, dijo Navarro, “pero por esto vale la pena. Yo si tengo esperanza, si no: me cambio de trabajo. Tenemos que hacer periodismo apegado a la sociedad”, agregó.

La también ganadora del Premio al Valor Periodístico por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, continuó a decir que el periodismo tiene que recuperar la confianza que ha perdido entre lectoras y lectores porque si ellos valoran la información que reciben también saldrán a defender a periodistas amenazadas.

Por su parte las comunicadoras en situación de desplazamiento indicaron que es necesario fortalecer instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República.

La periodista Rosa María Rodríguez Quintanilla, quien en 2016 tuvo que abandonar Tamaulipas para proteger su vida y la de su familia  narró que las mujeres viven las amenazas y el desplazamiento de forma diferente que sus colegas hombres. “Nos atacan por todos lados: económicamente, psicológicamente. Si atacan a nuestros hijos es peor a que nos ataquen a nosotras mismas”, dijo.

La también coordinadora de la Red Nacional de Periodistas de México consideró que en caso contó con medidas efectivas de emergencia. Sin embargo, señaló que lo que vino después fue una constante lucha por ser reconocida y por conseguir justicia. “La Fiscalía lejos de investigar te revictimiza. Tienes que vivir el daño una y otra vez. La falta de sensibilización es total”, opinó.

Ante la ineficacia de la institución, agregó: “Es absolutamente inaceptable una Fiscalía que tiene una eficacia de 0.8 por ciento. Lo mismo da que exista o no”, expresó sobre el desempeño de la ​​​​​​​​​​​​ ​ FEADLE.

A su vez la fundadora de La Pared noticias, Cynthia Valdez narró como el periodismo investigativo en Sinaloa cambió desde el asesinato de Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017: “Ya no hay trabajos de investigación. Javier fue una persona muy reconocida. Desde entonces nos atrincheramos. No se escribe nada sobre narcotráfico y corrupción. Ahora los compañeros salen en grupo a reportear y aun así hay amenazas. Todo cambió a partir de Javier y no va ser igual”.

En el informe la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, escribió: “Ese es el legado de un presidente de la República que no quiso actuar, que optó por la simulación y por volverse actor de la censura”.

En la presentación editorial continúo: “Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que no quiso frenar la violencia contra las y los periodistas, que por el contrario dejó pasar y que actuó con todo su poder para silenciar a quien, con la fuerza de su palabra y la evidencia del trabajo periodístico, mostró a la población el tamaño de su avaricia”.

Entre los hallazgos del informe se destaca que 2018, año electoral, sea el año de mayor violencia contra la prensa porque sólo de enero a septiembre se registraron 101 agresiones. Las entidades con mayor número de casos registrados en lo que va del sexenio fueron Ciudad de México, con 76 casos, Veracruz, con 58, y Puebla, con 37 casos.

La violencia más común que sufrieron las periodistas fueron hostigamientos e intimidación, seguidos por las amenazas y la violencia sexual. “Un componente de género en el que se puede observar claramente las condiciones de desigualdad y discriminación de las reporteras en comparación con los hombres periodistas, es el espacio social donde son agredidas por su labor periodística: en la familia, en su comunidad y en las instituciones donde actúan”, destaca el informe.

Las autoras hicieron mención especial del aumento de casos de violencia contra mujeres periodistas en el contexto electoral, no solamente en 2018, también durante y después de jornadas electorales de 2017 y 2016. “Los principales agresores fueron funcionarios de instancias electorales, policías, personal de partidos políticos, y elementos de seguridad privada de los candidatos”, escribieron.

El informe dedicó un capítulo a la situación de desplazamiento que viven las mujeres periodistas ya que es un tema poco explorado en el terreno de la libertad de expresión. “Las periodistas son cautelosas para no seguir siendo perseguidas”, señalaron las autoras, por lo tanto, los datos son escasos y las cifras de las diferentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión varían entre 9 y 70 personas desplazadas en 2017.

En el informe de CIMAC se recomienda que se reconozca públicamente la importancia de la labor de las periodistas, que se capaciten a empresas mediáticas e instituciones con perspectiva de género y que se generen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para monitorear políticas públicas de género en la atención y prevención de la violencia contra la prensa.

 

18/SG