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Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/11/2018

Integrantes del Parlamento Europeo se mostraron preocupadas por el juicio contra los presuntos asesinos de la defensora de Derechos Humanos indígena lenca, Berta Cáceres. Este 13 de noviembre dirigieron una carta abierta al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al Fiscal General de la República, y a las y los integrantes del Tribunal de sentencia que revisa el caso, entre otras autoridades.

En su misiva, las y los parlamentarios lamentaron que en el juicio contra ocho personas imputadas como autores materiales del asesinato de la defensora y el intento de homicidio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien estaba visitando a Berta el día de los hechos y sobrevivió, hay faltas de debida diligencia y transparencia.

Las y los diputados se refirieron en parte al informe emitido en noviembre 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, y en parte a nuevos acontecimientos desde el inicio de las audiencias orales, el 17 de septiembre 2018.

Entre las vulneraciones graves del debido proceso destacaron que se negó a la familia acceder a las pruebas recabadas porque el Ministerio Público negó el acceso a la investigación en más de treinta y cinco ocasiones; así sucedió aun cuando el Tribunal ha ordenado a esta institución que se entregue dicha prueba.

Además, desde 2016 el Ministerio Público decomisó pruebas importantes (entre teléfonos, tablets, computadoras y un arma) pero en agosto de 2018, a un mes de iniciar el primer juicio, reconoció que no había analizado la mayoría de estos elementos.

Las y los diputados consideraron que hay prueba disponible sobre las cuales no se conoce su contenido. Pese a este incumplimiento, el Tribunal a cargo del proceso no ha obligado al Ministerio Público a rectificar sus actuaciones.

Otra vulneración al debido proceso es que el Tribunal que analiza el caso rechazó considerar como víctima al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) pese a que los hechos demuestran que el asesinato de Berta tenía como objetivo debilitar a la organización. Aun así el Tribunal alegó que no hubo ningún daño financiero a la organización.

“Está decisión contraviene estándares internacionales”, denunciaron las y los políticos europeos, quienes además criticaron los límites a la publicidad del proceso, ya que el Tribunal negó a la familia de Berta la autorización para que las audiencias fueran  transmitidas públicamente, “contraviniendo principios  fundamentales en un Estado de derecho”.

En la carta recriminaron al Tribunal que rechazó una prueba clave: La representación legal de las víctimas aporto una prueba relevante que comprobaría el funcionamiento de la estructura de poder que ordenó el asesinato de Berta, así como hechos previos al asesinato que constatarían los ataques, actos de hostigamiento y amenazas en contra del Copinh y de Berta. “Esta prueba no ha sido admitida por el Tribunal”, concluyeron.

Como otra vulneración al debido proceso, enlistaron el rechazo de la ampliación de los cargos contra los imputados, ya que el plazo  máximo de prisión preventiva para cinco de los acusados venció el 2 de noviembre y el juicio se pospuso una y otra vez.

La representación legal de la familia Cáceres presentó otra acusación por el delito de asociación ilícita, contra las personas imputadas debido a las evidencias de los múltiples actos delictivos previos y posteriores al asesinato por parte de socios, directivos y empleados de las empresas DESA. El Ministerio Público hubiera podido prolongar la prisión preventiva por este otro delito pero no lo hizo.

Las y los diputados se mostraron preocupados por la exclusión de la representación privada de las víctimas del proceso. Esto pasó el 21 de octubre cuando a pesar de un amparo presentado, el Tribunal inició la audiencia oral. Acto que fue considerado ilícito por los representantes de las víctimas que no se presentaron a la audiencia.

Sin embargo, el Tribunal procedió declarando que éstos habían abandonado el proceso e imponiendo al Ministerio Público como único representante de las víctimas. “La decisión del Tribunal de  imponerle a las víctimas al Ministerio Público como su representante no respeta la garantía del debido proceso”, advirtieron las y los integrantes del Parlamento Europeo.

Es por lo tanto que invocaron a las autoridades hondureñas a garantizar la transparencia y publicidad de juicio, garantizar el derecho de las víctimas a ser representadas por una acusación privada, garantizar que el MP de acceso a la información, y asegurar el procesamiento de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Cabe señalar que según medios locales, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras determinó el pasado 5 de Noviembre que ninguno de los imputados podía salir libre porque “aún no concluye el tiempo de prisión establecida”.

El Ministerio Público solicitó a la Corte hacer el cálculo final de los días que los imputados habían pasado en prisión preventiva, ya que este periodo presuntamente vencía el 2 de noviembre. La CSJ concluyó que deberían de permanecer en prisión y no precisó ninguna otra fecha para que salieran.

 

18/SG