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La delegación mexicana fue cuestionada por más de 100 representantes de países sobre el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, los asesinatos a periodistas y defensores, así como la tortura. México reconoció que la tasa de impunidad en el país es alta y que hay “retos considerables” en protección a derechos humanos.

 

El mundo lanzó este miércoles críticas y recomendaciones al Estado mexicano, sobre las carencias que prevalecen en materia de Derechos Humanos; la delegación de México, en tanto, aceptó que persisten “retos considerables”, por casos de tortura, desaparición forzada y asesinatos de periodistas y defensores.

Como parte del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 100 representantes de países hablaron sobre México en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en lo que también fue considerado por organizaciones ciudadanas y expertos consultados como una especie de evaluación o examen final al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, porque es el segundo EPU que se aplica durante su periodo como jefe del Estado mexicano. El primero fue en 2013.

Estados Unidos tocó temas sensibles. Pidió al Estado mexicano identificar a los responsables de las desapariciones en el caso Ayotzinapa, y los hechos de tortura durante la investigación del caso, señalados por la oficina de la ONU en México.

También señaló que la corrupción sigue facilitando la impunidad en el país, y que hay 37 mil personas desaparecidas y no localizadas, sin que se hayan aplicado en su totalidad las disposiciones de la ley aprobada en materia de desaparición forzada.

Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, lamentó Estados Unidos, siguen en la impunidad.

Uruguay y Paraguay pidieron a México aceptar la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, para conocer casos particulares o individuales, medida que el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto ha rechazado. Países como Costa Rica y Benín coincidieron en este punto.

Australia, en su oportunidad, señaló su preocupación porque México no tenga hasta ahora una Fiscalía General independiente, lo que contribuye a que persistan la corrupción y la impunidad. Otras naciones, como Reino Unido, también señalaron este punto, la importancia de que el país logre tener una Fiscalía autónoma, que no esté atada al Ejecutivo en turno.

Una recomendación que hicieron varios países es la de reforzar el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, con medidas como asegurarle un presupuesto a largo plazo, como señaló Alemania.

La preocupación prevaleciente sobre este punto, se da con el antecedente de que más de 40 periodistas y 100 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México, en lo que va de este sexenio.

Naciones como Madagascar y Malasia, por otro lado, señalaron que en México persisten la pobreza y la pobreza extrema, y la discriminación hacia sectores como niños migrantes o indígenas, que no tienen recursos.

Otro punto donde también hubo menciones recurrentes, fue el de que México tome medidas para combatir la violencia de género y los feminicidios.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas, líder de la delegación mexicana para este EPU, reconoció que México enfrenta “retos considerables” en materia de derechos humanos. 

“No venimos ni a minimizarlos ni a negarlos”, dijo el funcionario mexicano.

Entre esos “retos considerables”, Ruiz Cabañas mencionó los problemas de tortura, desaparición forzada, amenazas y violencia contra defensores y periodistas, la violencia contra las mujeres y contra los migrantes, y la discriminación contra pueblos indígenas.

Hay una “tasa de impunidad lastimosamente alta”, dijo el subsecretario, lo que exige a los tres poderes del país fortalecer los esfuerzos, como ordena la Constitución, en materias como consolidar los cambios en el sistema de justicia.

El líder de la delegación también dijo que México se mantiene como un país abierto al escrutinio internacional, y aseguró que el Estado seguirá trabajando con la sociedad civil, para atender las recomendaciones que se hagan en este Examen.

El subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante Juárez, dijo que si bien en México se ha implementado un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, “debemos reconocer y lamentar que continúan los homicidios en contra de estas personas”.

Avante dijo que tres periodistas y defensores, que eran beneficiarios de este mecanismo de protección, al que se han destinado 38 millones de dólares de presupuesto, fueron asesinados.

“El esfuerzo, aunque destacado, debe profundizarse de manera que tengan acceso a este Mecanismo, más periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, particularmente aquellos que habitan en comunidades rurales”, dijo Avante Juárez.

Según el funcionario, actualmente el mecanismo de protección cuenta con “recursos suficientes”.

En su participación, el comisionado nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, dijo que México tiene un “grave problema” en materia de desapariciones forzadas, con más de 37 mil casos de personas desaparecidas o no localizadas.

Previo al EPU, decenas de organizaciones ciudadanas agrupadas en el #ColectivoEPUMx señalaron que, desde el Examen de 2013 y hasta 2018, periodo que coincide con el gobierno de Peña Nieto, México tuvo un retroceso en materia de Derechos Humanos.

En representación del Poder Legislativo, la senadora Kenia López Rabadán dijo en el Palacio de las Naciones que el país vive “tiempos críticos” en materia de Derechos Humanos.

Decir Ayotzinapa en México, mencionó, “produce duelo y desamparo”, esto en referencia que en el caso de la desaparición de 43 normalistas impera la impunidad.

La senadora criticó que aunque los mexicanos señalan como problema número uno la corrupción y la impunidad, el actual gobierno insistió en mantener a la Procuraduría General de la República sin un titular.

El gobierno de Peña Nieto, apuntó también la legisladora, no tuvo voluntad política para dejar consolidado el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a partir de lo expuesto en el examen de este 7 de noviembre, emitirá un listado de recomendaciones para México.

Luego, en marzo de 2019, el Estado mexicano deberá responder qué recomendaciones acepta, y cuáles no; para ese momento ya estará en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.