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Los recursos provienen del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN). Edomex, con Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, y Puebla con Moreno Valle y José Antonio Gali, concentran la mayor parte de irregularidades.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió múltiples irregularidades, desde subejercicios hasta posible desvío de recursos, por casi 2 mil 500 millones de pesos que la federación le entregó a los estados en 2017 y que proviene de un fondo que carece de reglas claras de operación, indicadores objetivos de seguimiento y mecanismos de transparencia.

Se trata del denominado Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) cuyo presupuesto erogado, además, terminó siendo casi 20 veces superior a lo que originalmente se había contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2017. Pasó de 3 mil 256 millones originalmente aprobados a más de 55 mil millones al cierre del año pasado.

Debido al tamaño de las irregularidades, la ASF informó que ha ordenado un paquete de nuevas auditorías emergentes para dar seguimiento al destino del dinero extraído de este fondo perteneciente al denominado Ramo 23, el cual ha sido señalado por abrir la puerta a hechos de corrupción, como los llamados “moches”.

En los informes de resultados presentados al Congreso, la ASF advirtió que muchas entidades federativas incluso usan con absoluta discrecionalidad los recursos que reciben de este fondo y deposita el dinero en sus cuenta concentradoras, hecho que de por sí ya es ilegal.

“Se observó la carencia de reglas de operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado, tampoco para su contabilidad incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los depositaron en la cuenta licuadora”, indicó la Auditoría.

Fallas de todos colores

Para analizar la forma en que se estaban usando los recursos del FORTAFIN, la ASF practicó 17 auditorías de cumplimiento financiero, una de ellas a la Secretaría de Hacienda como la entidad responsable de coordinar el fondo y 16 más a distintas entidades federativas que recibieron recursos del mismo durante el año pasado.

El resultado fueron diversas irregularidades detectadas por un monto que asciende a 2 mil 477 millones de pesos y que los estados tienen la obligación de aclarar. En caso contrario se considerará un presunto daño al erario público que dará paso a las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.

Del total del dinero mal manejado hay 1 mil 269 millones de pesos, el 50.5 %, que corresponden a recursos que las entidades reportaron haber gastado sin que existen documentos suficientes que acrediten que realmente se invirtió en algo. Es decir, falta evidencia que lo pruebe. Esta es la irregularidad más común.

La segunda irregularidad detectada con mayor frecuencia y que asciende a un monto de 829.5 millones de pesos (33 % del monto total observado) corresponden a recursos que las entidades recibieron pero no gastaron, y que sin embargo tampoco fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda. Es dinero que no aparece.

Los auditores también encontraron anomalías en el gasto 87.3 millones de pesos que se destinaron al pago de obras de mala calidad o que no se ejecutaron. A su vez se reportaron 77.1 millones de pesos que se pagaron como anticipos por servicios que no fueron compensados.

Además hubo pagos improcedentes o en exceso que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, suman 56 millones de pesos. El resto del dinero reportado corresponde a otras irregularidades.

Pero sumando a lo anterior, lo que la ASF considera como “crítico” es el hecho de que sin aparente justificación, el monto original del FORTAFIN aprobado en el presupuesto de 2017, y que era del orden de los 3 mil 243 millones de pesos, haya crecido hasta los 55 mil millones de pesos Es un sobre ejercicio del 1,600 % entre lo aprobado y lo que se terminó erogando al final.

¿Qué estados fueron los principales beneficiados con este incremento? El estado de México que terminó recibiendo 8 mil 528 millones de pesos; seguido de Guerrero con 3 mil 792 millones de pesos; Michoacán con 3 mil 771 millones de pesos; Ciudad de México con 3 mil 422 millones de pesos; y Chiapas con 3 mil 328 millones de pesos.

El aprobar una cantidad para este fondo y terminar gastando mucho más no es un hecho aislado. Un análisis de la organización México Evalúa arrojó que en el año 2016 al FORTAFIN se le asignó en el presupuesto mil 560 millones de pesos y sin embargo, al finalizar aquel año el monto se había elevado a más de 65 mil millones de pesos, un crecimiento descontrolado de más del 4 mil por ciento.

En opinión de los auditores, lo anterior es posible gracias a la falta casi absoluta de reglas y criterios reales sobre la utilidad de este fondo, sus alcances y los criterios para repartirlo.

“No existe un marco jurídico que regule a quién otorgar los recursos, los motivos, el monto y la temporalidad. Actualmente, la entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la Secretaría define, los cuales no se publican en el Diario Oficial de la Federación (…) No existe claridad sobre el problema o necesidad pública que atiende el fondo, ni se cuenta con una justificación adecuada sobre su pertinencia y alcance” indica el análisis.

Edomex y Puebla, focos rojos

El Estado de México y Puebla son las dos entidades en donde se concentra el mayor monto de recursos de este fondo manejados irregularmente.

Por ejemplo, de los 1 mil 269 millones de pesos gastados sin que exista la comprobación suficiente, el 56.4 % corresponde exclusivamente a dinero entregado al estado de México en la gestión de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo,  mientras que el 37 % son recursos asignados a Puebla, durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali.

Y de los casi 830 millones de pesos del FORTAFIN que la Auditoría reportó como no ejercidos pero tampoco devueltos, el 44.5 % corresponden a Puebla y el 22.4 % al estado de México.

En el caso específico de la entidad mexiquense, los auditores establecieron que prácticamente 2 de cada 5 pisos del fondo entregados a dicho estado presentan irregularidades en su manejo.

Pero además del dinero faltante los auditores determinaron que la entidad federativa pudo haber hecho una promoción indebida de servicios y obras que pagó con este fondo federal. Lo anterior ya que, por ejemplo, en algunos conceptos no se incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, mientras que en obras realizadas tampoco se colocó la frase “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”.

“En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del fondo para el Fortalecimiento Financiero, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio” determinaron los auditores.

En el caso de Puebla lo auditores encontraron irregularidades en más del 60 % del dinero que la entidad federativa recibió del fondo. A lo anterior se suma un problema de opacidad ya que el gobierno estatal incluso incumplió con la entrega de los informes mínimos que tiene que devolver a la Secretaría de Hacienda para certificar el manejo de los recursos.

El cúmulo de irregularidades que los auditores encontraron en estos y los demás estados revisados dejó un saldo de 56 pliegos de observaciones por igual número de posibles fraudes al erario público, que de no solventarse a la brevedad se convertirán en denuncias penales ante la PGR.

A ello se suman 39 promociones de responsabilidad sancionatoria, que son casos en los la ASF actúa en contra de funcionarios en específico con la finalidad de que reparen económicamente el daño que podrían haber causado.

Un hoyo negro

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero es uno de los fondos que pertenecen al llamado Ramo 23, una partida de recursos que el gobierno federal destina para los estados, pero que de acuerdo con el análisis tanto de la ASF como de organizaciones especializadas en el tema, carece de controles mínimos e indicadores serios, lo que favorece que con él se cometen actos de corrupción.

“No existen reglas de operación, ni criterios claros y objetivos por parte de la SHCP, para determinar qué monto y vertiente del FORTAFIN se asigna a cada entidad federativa” señaló la ASF en el último paquete de auditorías entregadas.

En enero pasado la organización México Evalúa advirtió de la forma en como este fondo y en general los recursos del Ramo 23 han crecido de forma exponencial con controles mínimos sobre su aplicación. Advirtió que ello favorece que su utilización fines políticos o de corrupción.

“Una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos”, indicó la organización en su análisis.

El manejo discrecional e irregular de los recursos de este fondo han quedado evidenciados en casos como el de Chihuahua donde, a principios de 2018, el gobernador de esa entidad Javier Corral denunció que el gobierno federal había decidido no entregarle más de 200 millones de pesos cuya entrega ya estaba plasmada en un convenio.

El mandatario estatal atribuyó esta situación a una supuesta represalia por los procesos que su administración había promovido en contra de exfuncionarios priistas señalados de actos de corrupción.

Los fondos de este ramo también son el origen de los denominados “moches”, como se le denomina a cantidades de dinero que eran prometidas por legisladores a distintos estados a cambio de obtener, posteriormente, algún beneficio. Por ejemplo el porcentaje de un contrato que se firmara a partir de ellos. Esto es posible gracias  a la falta de controles y de reglas claras en el manejo de estos recursos.

En ese contexto tanto la Auditoría como México Evalúa insisten en la urgencia de reglamentar los usos de estos fondos y los convenios que se firman con los estados, definir cuáles son sus objetivos (para qué se tiene que usar el dinero), así como los tiempos de entrega de los recursos e indicadores que permitan evaluarlo.