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Por: Por Sonia Gerth

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2018

La defensora de la tierra Bettina Cruz, de la comunidad binni’zaa en Juchitán, Oaxaca, advirtió, junto con organizaciones sociales, sobre el fallo inminente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dará en el caso del parque Eólica del Sur pues podría sentar un precedente para todos los pueblos que luchan contra megaproyectos en el país.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora dijo que las y los ministros se reunirán este 31 de octubre para resolver si se violaron o no los Derechos Humanos de la comunidad zapoteca en el Istmo de Tehuantepec. Cruz, quien representa a más de mil personas, dijo que la consulta previa que se hizo en la región sobre el proyecto de acuerdo con la Reforma Energética, en realidad no fue previa.

“Previamente ellos ya han hecho los contratos con la gente, ya entregaron el territorio con las empresas, ya han otorgado los permisos para la producción de energía, han autorizado las manifestaciones de impacto ambiental”, denunció Cruz.

De ser construido, Eólica del Sur sería el parque eólico más grande de América Latina con un total de 5 mil 332 hectáreas, 396 Megawatts, y 132 aerogeneradores, afirmó la defensora.

El integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Felipe Romero, agregó que el proceso de consulta ha sido criticado por la sociedad civil y representantes internacionales, como las Relatorías de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, y la del Derecho Humano al Agua, entre otras. “Esta consulta no fue libre, no fue previa, no fue culturalmente adecuada”, concluyó.

Ahora, el caso podría cobrar impacto nacional porque será resuelto por la SCJN y puede ser un precedente para el proceso de consulta previa sobre otros megaproyectos en el país, como los de minería, energéticos, o turísticos.

El primer amparo que la comunidad binni’zaa interpuso ante la Cortes en septiembre de 2015, fue llevado por el juez del Distrito de Salina Cruz. La comunidad entró en revisión, y en enero 2018, el caso fue atraído por la SCJN.

Romero contó cómo las y los defensores ambientales tenían la esperanza que la Corte pudiera resolver el problema de los megaproyectos en comunidades indígenas y la consulta, pero esta semana tuvieron conocimiento del proyecto de sentencia, y “no es favorable para la comunidad porque prácticamente es lo mismo que proponía el Juez del Distrito en Salina Cruz.”

Romero criticó que el primer borrador de sentencia no hable de muchos problemas de fondo. La Corte calificaría la consulta “como un mero trámite, una serie de pasos sucesivos donde primero no importa si tengo permisos o no, convoco, doy información y celebro el proceso para tener el consentimiento.”

En opinión de las y los defensores, en el proceso de consulta, las comunidades tendrían un margen de acción para pelear por sus intereses, “y este no ha sido el caso”.

El hecho de que si bien no habían puesto la primera piedra pero sí prácticamente terminaron la planificación, con permisos incluídos, significó que las personas consultadas ya no podían hacer nada contra el parque, dijo Edmundo del Pozo, de Fundar Centro de Análisis e Información.

Esto sería una clara violación a estándares internacionales, explicó. Mencionó como ejemplo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indicó en un caso parecido en Ecuador, que la consulta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida por realizar el proyecto.

Por lo tanto, las organizaciones civiles hicieron llegar a la SCJN un Amicus Curiae, que profundiza en los estándares más avanzados sobre consulta previa. Para Del Pozo, también se violó un derecho interdependiente: el de los pueblos originarios de ejercer su libre determinación sobre su tierra y territorio.

En el caso de Juchitán, agregó Bettina Cruz, nunca se hizo una asamblea de la comunidad zapoteca, porque las empresas que llegaron lograron dividir a la gente. A pesar de que el área donde se proyectó el parque eólico es propiedad colectiva de los pueblos, las empresas hicieron contratos individuales con ciertas personas, contó.

Fue por eso que también aumentó la violencia en la región, hasta con balaceras y asesinatos. Las personas que lucharon contra el parque fueron demandadas por parte de las empresas, las cuales también harían uso de la delincuencia organizada, denunció Cruz.

Algunas defensoras o defensores, incluyendo ella misma, se tuvieron que exiliar de la región por un tiempo, por temor a perder su vida. “Ese proyecto crea un clima de odio hacia las y los defensores”, argumentó, “porque nos tachan de retrógradas”.

Cruz rechazó estar en contra del desarrollo, pero dijo que los pueblos originarios querían decidir sobre cómo iba llegar el desarrollo, y que los únicos beneficiarios del proyecto eólico serían las empresas, y no las y los habitantes de la zona.

“Estos proyectos no entran de manera tersa, tienen que entrar violentando derechos, y no importa quiénes seamos, pueblos indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, ellos llegan contra todos”, analizó. Es por ello que ve tan importante la sentencia de la SCJN.

Felipe Romero reiteró que al ser “la última oportunidad de la comunidad para tener justicia en México”, sería preocupante que la máxima autoridad jurisdiccional esté validando un proceso de consulta “con muchos elementos que han sido cuestionados”.

Es por eso que el 30 de octubre, un día antes de la sentencia, las y los binni’zaa quieren hacer un plantón enfrente de la Corte, para hacer ver sus demandas. Exhortan a cancelar el proyecto energético “y no facilitar la simulación de la consulta que se dio en Juchitán”, como dijeron en su boletín de prensa.

18/SG/LGL