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Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/10/2018

 

Este día una veintena de simpatizantes de la defensora de Derechos Humanos hondureña, Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, se manifestó afuera de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que esta mañana reiniciaría la discusión del caso, tras considerar que prevalecen irregularidades.

Sin embargo al igual que el 17 de septiembre, el juicio duró poco tiempo porque se anunció una nueva suspensión. Al mismo tiempo, el Tribunal anunció que los recursos legales que Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) interpuso, se desahogarán el miércoles.

La hija de la defensora Berta Cáceres, Berta Isabel Zúñiga Cáceres, afirmó que quiere “un juicio justo, con las posiciones adecuadas, no un juicio a la carrera, sólo por salir del paso.”

En tanto, la abogada del defensor Gustavo Castro Kenya Oliva, quien estaba de visita con Berta el día de su asesinato y resultó lesionado, acusó que “el juicio va encaminado a la impunidad”. Lamentó que el Tribunal haya dicho que se iba a constituir esta semana nuevamente, y dijo que esto mostraría la falta de independencia. “El Tribunal ya sabe de antemano lo que va resolver la Corte. Eso debe de preocuparnos”, continuó Oliva.

Los representantes legales de la familia de la defensora hondureña se dijeron satisfechos con la resolución de aplazar el juicio. Y es que ya habían interpuesto varios amparos y una recusación al Tribunal desde el primer día del juicio, el 17 de septiembre 2018.

Argumentaron que el Tribunal de la Corte Suprema no había hecho lo suficiente para conocer el caso, por ejemplo, no llamar a testificar personas que Copinh considera testigos claves.

Además, familiares, compañeras y compañeros de la causa, están convencidos que en el banquillo de acusados no están los autores intelectuales del crimen. Copinh sospecha que detrás del asesinato de la defensora está la empresa Desarrollo Energéticos (Desa), constructora de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”, en el río Gualcarque, a la cual se oponía Berta.

Sin embargo, sólo el exgerente está acusado, junto con un oficial del ejército hondureño, un exmilitar, y otros cinco hombres. Todos ellos están en prisión preventiva, pero el tiempo que pueden ser detenidos pronto vencerá.

A finales de septiembre, la Corte de Apelaciones decidió en contra de la recusación que había interpuesto el equipo legal de Copinh. Ordenó que el juicio se reanudara con los mismos magistrados.

Pero la batalla legal no terminó ahí. Los abogados de Copinh recurrieron de nuevo, debido a las “decisiones parcializadas” del tribunal, “que encubren las actuaciones ilegales del Ministerio Público en el ocultamiento de la prueba, la falta de investigación, la minimización del caso y en definitiva la negación de la verdad de lo ocurrido a Berta Cáceres.”

El proceso que se sigue en los Tribunales por el asesinato de Berta Cáceres es observado por diversas organizaciones civiles e internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y Amnistía Internacional indicaron que es necesario profundizar en la investigación, y que el Estado es responsable de realizarla con la “debida diligencia”.

18/SG/LGL